"Cartas de Niños Rechazadas, Medicamentos Contados: La Tortura Silenciosa en el Fuerte Guaicaipuro Amenaza la Vida de los Gedeones"

Barinas, Venezuela - 20 de febrero de 2026, R/D/G - Una madre valiente, Marimar Vázquez, esposa del Capitán Juan Luis Gutiérrez Aranguren, ha lanzado una denuncia escalofriante contra las Condiciones inhumanas en el Fuerte Guaicaipuro (Centro Guaicaipuro), un centro militar en Charallave, estado Miranda, donde se confinan a presos políticos como su esposo. En un video viral compartido ampliamente, Vázquez revela cómo las autoridades restringen brutalmente el acceso a paquetería, medicamentos y visitas familiares, transformando el centro en un campo de pruebas para el sufrimiento colectivo. Esta exposición no solo ilustra el aislamiento psicológico y físico, sino que resalta patrones sistemáticos de abuso que violan derechos humanos fundamentales, según alertas de organizaciones como Voces de la Memoria y Foro Penal.

Según el testimonio de Vázquez, hace varios días Llegó al centro acompañada de otros familiares para entregar paquetería esencial. Sin embargo, las autoridades confiscaron gran parte de las provisiones: medicamentos para su esposo fueron contados para cubrir apenas unos días, impidiendo tratamientos continuos que podrían salvar vidas. Cartas inocentes de sus hijas, de 9 y 11 años, incluyendo dibujos de abrazos y stickers de "muñequitos de amor, fueron rechazadas bajo pretextos absurdos, como si representaran algún peligro. "¿Qué peligro puede tener un dibujo de una niña abrazando a su papá?", preguntó indignada, recordando la visita grabada del 12 de febrero, que ya fue un tormento suficiente. Además, las visitas se limitaron a 30 minutos sin contacto físico, dejando a los presos con expresiones de dolor en rostros marcados por el trauma.

Esta denuncia coincide con reportes globales de deterioro en los derechos humanos en Venezuela. La ONG Amnistía Internacional ha documentado detenciones arbitrarias, torturas y condiciones degradantes en prisiones militares como Guaicaipuro, donde al menos 644 personas permanecen detenidas por razones políticas, según Foro Penal. Organizaciones como Human Rights Watchy la Misión de la ONU han advertido sobre el uso de estos centros para reprimir disidentes, con casos de incomunicación total y falta de atención médica, exacerbados por la crisis postelectoral de julio 2024. En 2026, con la promesa de amnistías parciales, familias como la de Gutiérrez enfrentan barreras adicionales, mientras el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, urgió a finales de junio a frenar deportaciones que ponen en riesgo a vulnerables.

Marimar Vázquez insta a la sociedad civil, medios y gobiernos internacionales a difundir su mensaje y presionar por intervenciones urgentes. "Ayúdennos a sacar a nuestros muchachos del centro Guaicaipuro', exclamó, enfatizando la necesidad de visibilizar estos abusos para evitar tragedias mayores.