Barinas, Venezuela – 6 de febrero de 2026, R/D/G– A las puertas de nuestra redacción, Ignacio Ernesto González, abogado local comprometido con la defensa de los derechos comunitarios, irrumpió con voz temblorosa y gesto indignado para denunciar una negligencia judicial que califica como "crimen estructural" contra el acceso a la justicia en el estado Barinas. González, representante de la comunidad zamorana, reveló que el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, encargado de resolver disputas cotidianas en los municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco, permanece paralizado por un vacío funcional intencional, mientras el juez titular acumula reposos médicos indefinidos sin reemplazo alguno.
Esta situación, que ya dura meses y se extiende hasta febrero de 2026, no es un simple error administrativo, sino una conspiración cómplice que deja a miles de vecinos sin protección legal básica, violando el alma misma de la Constitución venezolana. Según González, quien ha enfrentado retrasos directos en su propio proceso judicial, el juez titular solicitó inicialmente 21 días de reposo por incapacidad médica, período durante el cual ni un solo profesional del Derecho fue designado como sustituto temporal. Ahora, con un segundo reposo de idéntica duración en curso, el Rectorado Civil del estado Barinas se excusa con la absurda razón de "falta de candidatos calificados", ignorando protocolos claros de la LOTTSJ para nombramientos urgentes.
"Esto es sabotaje deliberado", gritó González en entrevista exclusiva, "donde la burocracia se erige como pared insalvable, beneficiando a intereses oscuros que prefieren ver colapsar la justicia antes que rendir cuentas". Testigos cercanos confirman que abogados locales, como figuras clave en tribunales barineses, han intentado postularse sin éxito, sugiriendo corrupción sistémica en la selección de jueces accidentales. Esta crisis no es aislada; refleja un patrón alarmante de deterioro en el Poder Judicial venezolano, donde vacíos como este han sido documentados en fallos del TSJ desde 2015, exacerbando vulneraciones al debido proceso (Artículo 87 de la Constitución) y al derecho humano a la tutela judicial efectiva (Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Organizaciones como Acceso a la Justicia advierten que tales negligencias perpetúan ciclos de impunidad, afectando especialmente a comunidades marginadas como las de Ezequiel Zamora, donde litigios por herencias, divorcios y medidas cautelares se acumulan sin resolución. En un contexto de polarización política, esta omisión podría interpretarse como un arma ideológica, permitiendo que el Estado evada responsabilidades en un momento crítico para la democracia venezolana.
González urgió a entes como el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público a intervenir inmediatamente, amenazando con escalada a instancias internacionales si no hay acción. "Si no actuamos ahora, ¿qué futuro dejaremos a nuestros hijos?", preguntó, recordando su rol profesional. Esta denuncia busca detonar una ola de presión pública, forzando la designación urgente de un juez provisional y una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Se evidencia una profunda complacencia por parte de entes políticos, gubernamentales y gremiales, que permiten la persistencia de situaciones injustas sin pronunciamiento alguno, como se señala en su acotación. Ni las autoridades administrativas, ni los políticos tradicionales, ni organizaciones como la delegación de abogados o el gremio de juristas han alzado la voz, contribuyendo a un silencio que fomenta la impunidad y el olvido colectivo, finalizó Ignacio Ernesto González.
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