Barinas, Venezuela – 2 de febrero de 2026, R/D/G- En medio de tensiones políticas que sacuden el estado Barinas, fuertes acusaciones han emergido contra figuras clave de la Gobernación, revelando un panorama sombrío de abusos laborales y manipulación partidista. Según testimonios recopilados de ex empleados y sindicalistas locales, Luis Manrique, Secretario Ejecutivo de Recursos Humanos, junto con el jefe de Laborales, estarían involucrados en una serie de atropellos sistemáticos contra el personal público. Estos incluyen despidos injustificados, remociones arbitrarias de puestos fijos hacia contratos precarios y amenazas explícitas: aquellos que no asistan a "tomas obligatorias" para exigir el retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarían la pérdida inmediata de su empleo.
Esta intervención política en el ámbito laboral marca un giro alarmante, especialmente contrastando con la gestión previa del gobernador saliente Sergio Garrido, quien jamás implementó tales prácticas discriminatorias. Ahora, bajo el liderazgo de Adán Chávez, estos actos parecen derivar de instrucciones directas, aunque los responsables buscan excusarse atribuyéndolas al mandatario regional. Sin embargo, la ausencia de claridad pública ha generado un vacío de transparencia que invita a interrogantes profundas: ¿Qué órdenes específicas emitió Chávez? ¿Y dónde está la accountability en esta cadena de mando?Lo más crítico aún es el destino de los bonos de compensación para los empleados afectados.
Reportes preliminares sugieren que estos pagos, destinados a mitigar impactos económicos por suspensiones o despidos, han sido pospuestos indefinidamente, dejando a familias vulnerables en la incertidumbre. Organizaciones sindicales como SUEP y SOEB han solicitado audiencias urgentes ante la Gobernación, pero hasta la fecha, no hay respuestas oficiales. Esto no solo erosiona la moral laboral, sino que podría configurar un precedente peligroso para la estabilidad social en Barinas, tierra natal de la Revolución Bolivariana. Estos eventos resaltan una crisis profunda en la gobernanza local, donde derechos fundamentales chocan con agendas ideológicas.
La comunidad barinesa merece respuestas inmediatas del gobernador Adán Chávez para aclarar si estas acciones responden a verdaderas "órdenes" o a interpretaciones personales. Mientras tanto, el silencio oficial alimenta rumores y divisiones, convirtiendo el Palacio de Gobierno en un epicentro de intrigas que podrían tener repercusiones nacionales.
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