PRODUCTORES DE BARINAS EXIGEN A LA ASAMBLEA NACIONAL REACTIVAR LA ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA AGRARIA

El Comité de Afectados por la Violencia Agraria y Rural del estado Barinas se reunió el pasado viernes para definir una nueva hoja de ruta destinada a recuperar la seguridad jurídica de sus unidades de producción. 

La organización -cuyo vocero principal es el abogado José Ramón España-, con cuatro años de trayectoria, busca retomar las gestiones institucionales paralizadas tras el cambio de legislatura en la Asamblea Nacional (AN). 

El comité agrupa a productores agropecuarios que han sido víctimas de intervenciones irregulares en sus predios. Según explicaron los voceros, muchos de los afectados cuentan con sentencias definitivas de los tribunales de la República a su favor, las cuales no han sido ejecutadas, o bien, poseen resoluciones administrativas que revocaron las medidas de intervención sin que se les haya restituido la posesión física de sus tierras. 

En otros casos, se han reportado despojos sin el debido proceso de expropiación establecido en la Constitución, lo que contraviene el derecho a la propiedad privada. 

Durante el periodo legislativo anterior, el comité logró el reconocimiento de la Asamblea Nacional, instancia que designó una subcomisión especial adscrita a la Comisión Permanente de Economía y Finanzas. Dicho órgano facilitó mesas de trabajo de alto nivel con entes clave como el Instituto Nacional de Tierras (INTI), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General, el Ministerio de Agricultura y Tierras, y autoridades regionales. 

El trabajo conjunto permitió la resolución satisfactoria de diversos casos, permitiendo que varios productores retomaran sus actividades y contribuyeran nuevamente a la soberanía alimentaria. Sin embargo, este impulso se detuvo.

Ante este escenario, el comité acordó elevar formalmente una solicitud a la presidencia de la AN y a la Comisión de Economía y Finanzas para reactivar la subcomisión especial. 

Los productores sostienen que el contexto actual es propicio para el restablecimiento del orden legal, citando declaraciones recientes de autoridades legislativas que han reconocido la existencia de procedimientos errados que fracturaron la confianza del empresariado nacional. "La mejor manera de reactivar la credibilidad y la confianza en el país es reconociendo los derechos y restableciendo el orden legal en beneficio de la producción agroalimentaria", señalaron representantes del comité.

La organización reporta que existen aproximadamente 14 casos pendientes, algunos de larga data, que involucran unidades de producción que anteriormente estaban en plena operatividad y que han demostrado fehacientemente la titularidad de sus propietarios ante las instancias judiciales.

Para avanzar en esta gestión, el comité notificará formalmente su reactivación al INTI, al Ministerio Público, a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y a la Federación de Ganaderos de Barinas (Fegabarinas), con el objetivo de abordar la problemática por las vías institucionales y constitucionales correspondientes, buscando una solución definitiva a la inseguridad jurídica que afecta al sector agropecuario del Estado.