¡JUSTICIA BAJO FUEGO EN BOLÍVAR Y ZAMORA!: DESALOJO VIOLENTO Y ATROPELLO CONTRA FAMILIA CAMPESINA EN CAMATUCHE ARRIBA

BARINAS. R/D/G (FIP-0158) En una flagrante violación a los principios constitucionales y al Estado de Derecho, el pasado viernes 31 de julio, a las 2:00 p.m., se ejecutó un violento desalojo en el sector Camatuche Arriba, Pedraza La Vieja, municipio Zamora. La operación, denunciada como un atropello orquestado por la comisión de la SESOP-Barinas bajo la dirección del General Giuseppe Cacciopo Oliveri, irrumpió en la propiedad de una humilde familia campesina sin presentar orden judicial escrita alguna. Esta acción, ejecutada al margen del ordenamiento jurídico, se señala como parte de un plan de despojo liderado por Héctor Díaz Maldonado, alias "El Patrón del Mal", quien presuntamente utiliza la fuerza pública para sus fines personales.

Los testimonios recogidos relatan escenas de terror: los funcionarios procedieron a tumbar rejas y candados en el predio "Bolívar y Zamora" para ingresar por la fuerza, maltratando y esposando a la ciudadana Diana Carolina Rojas en presencia de sus hijos menores de edad, aprovechando la ausencia de su esposo. Mientras los niños permanecían encerrados bajo amenaza de ser trasladados a un centro de tratamiento, la comisión procedió a una "extracción contra reloj" de las pertenencias de la familia, las cuales fueron cargadas en un camión y abandonadas posteriormente en San Antonio. Para garantizar la impunidad, los actuantes despojaron a las víctimas y familiares de sus equipos móviles, impidiendo que se documentara la agresión y el maltrato físico.

La defensa legal de la familia denuncia que el procedimiento carece de asidero jurídico y viola el debido proceso, fundamentándose únicamente en alegatos verbales de "invasión" y "desacato" que no han sido validados por ningún tribunal de control competente. En un intento por silenciar el caso, se han emitido amenazas y supuestas órdenes de aprehensión contra el campesino Luis E. Delgado G. y su abogado defensor, Joel J. Figueroa, así como contra los periodistas y líderes comunitarios que han dado a conocer esta situación de injusticia. Esta persecución judicial busca intimidar a quienes defienden el derecho a la tierra y la tutela judicial efectiva contemplada en la Constitución de 1999.

Actualmente, la finca se encuentra ocupada por cuatro hombres armados bajo las órdenes del denunciado, mientras la familia permanece en la total indefensión tras haber perdido su hogar y herramientas de trabajo. Ante la presunta corrupción y parcialidad de las instancias locales en Barinas, el caso ha sido elevado a los organismos centrales del Ministerio Público en Caracas. Se exige una respuesta inmediata de las autoridades nacionales para frenar esta escalada de impunidad y violencia que hoy mantiene a una madre y sus hijos bajo amenaza, en un escenario donde la ley parece ser dictada por el mejor postor.