Magisterio barinés declara en emergencia el año escolar 2026-2027 y ratifica inicio oficial de clases para el 16 de septiembre.

***La Coalición Sindical de la entidad rechaza la reincorporación prematura impuesta por el Ministerio de Educación por violar las vacaciones legales de los educadores, al tiempo que denuncia el colapso de más del 90% de las plantas físicas escolares, la eliminación del programa de alimentación y un salario base devorado por la inflación.***

BARINAS. R/D/G (FIP-0158) La Coalición Sindical del Magisterio Barinés —integrada por representantes de SUMA, FETRAENSEÑANZA, SINTRAEMBA y SINVEMA Barinas — en una rueda de prensa sostenida la mañana del Lunes en las instalaciones de la casa sindical rechazaron categóricamente la convocatoria irresponsable y prematura del Ministerio de Educación para reiniciar actividades antes de la fecha estipulada en la ley. La representación gremial denunció que este llamado vulnera abiertamente el período vacacional del sector (fijado del 1 de agosto al 15 de septiembre), configurando una situación de acoso laboral, amedrentamiento y persecución contra los trabajadores. Basados en los artículos 54 y 57 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, la cláusula 17 de la Convención Colectiva y el artículo 89 de la Constitución, ratificaron a la colectividad barinesa que el inicio oficial del año escolar 2026-2027 es el miércoles 16 de septiembre. Asimismo, destacaron que el pasado 9 de septiembre las federaciones nacionales interpusieron un recurso de amparo ante el Ministerio del Trabajo para frenar estas acciones unilaterales.

Al evaluar las condiciones de los planteles en el estado Barinas, la dirigencia gremial alertó que más del 90% de las instituciones educativas se encuentran profundamente deterioradas e inhabilitadas para atender a los estudiantes y maestros. Calificaron como un simple "maquillaje" la intervención de un reducido número de escuelas por parte del Ejecutivo, mientras la gran mayoría padece la falta de agua potable, ausencia de filtros, fallas severas en el servicio eléctrico, desmantelamiento del IPASME y seguros de salud (HCM), así como la eliminación definitiva de los comedores escolares y de los programas de revisión médica estudiantil. Esta crisis se agrava por la carencia de material didáctico, insumos de limpieza y un severo déficit de docentes en materias clave como física, química y matemática; obligando de manera coactiva e ilegal a que docentes y representantes financien con su propio dinero la pintura de aulas, elaboración de carteleras y mantenimiento básico.

En materia socioeconómica, la representación sindical desmintió enfáticamente las declaraciones oficiales que ubican el sueldo medio docente en 506 dólares, catalogándolas como una burla frente a un salario base de apenas 130 bolívares y el pago de bonos irrisorios de 12,5 bolívares por inicio de año escolar y 50 dólares de bono vacacional. Precisaron que desde 2018, tras la aplicación del instructivo ONAPRE y la paralización de la discusión del contrato colectivo —el cual mantiene 17 cláusulas aprobadas pero congeladas—, el magisterio ha perdido un 280% de sus ingresos, sufriendo además la suspensión arbitraria de salarios a educadores con patologías graves o en trámites de jubilación. Ante este escenario, la coalición hizo un llamado urgente a docentes y representantes a unirse en defensa de una educación pública digna y despolitizada, anunciando próximas asambleas, acciones legales ante la Inspectoría del Trabajo y movilizaciones de calle para exigir un salario acorde al artículo 91 constitucional.

Fotos Neptali Querales.